Al cabo de una supervisión realizada recientemente a 38 municipalidades de Lima Metropolitana (37 distritales y una provincial), la Defensoría del Pueblo verificó que en 21 municipios de Lima Metropolitana (55%) se exigen cobros ilegales.
Esto como consecuencia de una inadecuada reconversión de las tasas de los procedimientos administrativos al nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Un total de 21 municipalidades distritales de Lima Metropolitana están haciendo cobros ilegales por los servicios que prestan a los ciudadanos al no haber reconvertido sus tarifas o haberlo hecho de manera inadecuada de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que rige actualmente y que asciende a tres mil 600 nuevos soles.
La adjunta de la defensoría del Pueblo para la Administración Estatal, Susana Silva, informó que en la supervisión hecha por esa entidad a 38 concejos distritales se pudo detectar que 21 de ellos (55 por ciento), al haber subido el valor de la UIT, elevaron los precios por los trámites sin ningún sustento.
Explicó que, por ejemplo, si por una licencia de funcionamiento se cobraba 300 soles, lo que representaba el 8.4 por ciento de una UIT que regía el año pasado, al subir el valor de la UIT lo que las municipalidades tenían que hacer era precisar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que esa tarifa ahora representa el 8.3 por ciento de una UIT.
Silva manifestó que es muy difícil calcular cuánto dinero han percibido esos municipios de manera ilegal en estos meses y que si bien es cierto el cobro excedente de manera individual a cada usuario puede ser solo tres o cinco soles por trámite, la cifra se incrementa si se suman todas las personas que realizan uno o más trámites.
“Hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo solo ha tomado para esta supervisión uno de los servicios que prestan los municipios, es decir la expedición de la licencia de funcionamiento, pero si se consideran los múltiples trámites que requieren los usuarios en los que probablemente se aplicó el mismo criterio, la suma de cobros ilegales es mayor aún”, remarcó.
La funcionaria enfatizó que al incurrir en esta ilegalidad, las municipalidades en cuestión están estableciendo una barrera burocrática ilegal que puede ser sancionada por el Indecopi, entidad a la que trasladarán toda la información encontrada en esta investigación.
Los municipios infractores son Ancón, Ate, Barranco, Carabayllo, Cieneguilla, Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, Independencia, Jesús María, Lince y Lurigancho-Chosica.
También Lurín, Los Olivos, Pachacámac, Rímac, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa María del Mar y Villa María del Triunfo.
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